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Un juez federal de Estados Unidos suspendió el procedimiento que usaba el Gobierno de Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en el país pese a tener una orden definitiva de deportación. Con esas sanciones, algunas personas llegaron a acumular deudas de hasta 1.8 millones de dólares. La decisión, dada a conocer el 5 de octubre de 2026, es provisional mientras avanza el juicio.
Quién decidió y qué medida frenó
El fallo lo emitió el juez de distrito George O’Toole Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Massachusetts, con sede en Boston. El magistrado ordenó suspender:
- la aplicación de la normativa federal que regula estas multas civiles;
- las sanciones emitidas bajo ese procedimiento a partir del 27 de julio de 2025.
O’Toole consideró que las demandantes tienen probabilidades de demostrar que la norma es ilegal y que cobrar las multas probablemente las llevaría a la insolvencia, dada su situación económica precaria.
Cómo funcionaban las multas
El Congreso autorizó estas sanciones civiles en 1996, con la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, pero ningún gobierno las aplicó hasta el primer mandato de Trump, según Reuters. En su segundo mandato, la administración comenzó a imponer multas de 998 dólares por cada día que una persona seguía en el país tras recibir la orden de salida.
En junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia cambiaron el procedimiento: eliminaron la notificación previa de intención de multa, que daba 30 días, y acortaron el plazo para impugnarla. Los demandantes también cuestionaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitiera las multas con formularios estandarizados, sin evaluar si la persona había incumplido la orden de forma deliberada.
Quiénes demandaron
La demanda, presentada en noviembre de 2025, la encabezan dos mujeres identificadas como Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, que enfrentaban sanciones de cientos de miles de dólares y de hasta 1.8 millones, respectivamente, pese a mantener contacto con las autoridades migratorias. También participa el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. La organización Legal Aid calificó el fallo como una victoria crucial para las familias inmigrantes.
Lo que la decisión no hace
La resolución no anula de forma definitiva las multas de inmigración. Las sanciones suspendidas siguen en los expedientes y podrían reactivarse si el Gobierno gana el caso o si un tribunal superior revierte la decisión. Tampoco elimina la base legal de 1996 que autoriza este tipo de sanciones.
Por qué importa a los centroamericanos
Miles de migrantes centroamericanos en Estados Unidos tienen procesos migratorios abiertos o han recibido órdenes de salida. Este fallo afecta a cómo se cobran las sanciones económicas y se suma a un contexto de aumento de las deportaciones hacia la región, como muestran las cifras de hondureños retornados en 2026. Ante cualquier notificación, lo recomendable es buscar asesoría legal acreditada.
Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal.
