Imagen: qimono / Pixabay (imagen ilustrativa)
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica dictaminó el jueves 15 de octubre de 2026, por unanimidad, el expediente 25.615, conocido como «Ley para combatir las asociaciones criminales». La iniciativa, impulsada por la presidenta Laura Fernández, plantea penas de uno a seis años de prisión por pertenecer a una organización criminal, que pueden llegar a 20 años cuando concurren agravantes. Ahora pasa al Plenario.
Qué aprobó la comisión
Los nueve diputados presentes respaldaron el informe afirmativo tras discutir las mociones de fondo. Según medios costarricenses, apoyaron el texto legisladores de Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana. Es el primer proyecto del paquete de seguridad del Ejecutivo que supera la etapa de comisión.
El presidente de la comisión, el diputado Gonzalo Ramírez, presentó el dictamen como una respuesta a la crisis de inseguridad y advirtió que es apenas el inicio del trámite. El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, anunció que se presentarán enmiendas para aclarar aspectos del texto.
Qué cambia en el Código Penal
El proyecto reforma el artículo 281 del Código Penal. Entre sus elementos principales:
- Pertenencia simple: de uno a seis años de cárcel para quien forme parte de una organización criminal.
- Delitos graves: la pena puede subir hasta 20 años si la estructura se dedica al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el secuestro o la trata de personas, entre otros.
- Agravantes: el reclutamiento de menores de edad, la participación de funcionarios públicos, las amenazas a poblaciones vulnerables y la extracción ilegal de minerales.
- Cúpulas: faculta a los jueces a sancionar a las estructuras de mando de los grupos delictivos.
Si el Plenario lo aprueba, la ley entraría en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El contexto: récord de violencia
Fernández presentó la iniciativa el 15 de junio de 2026 como parte de un paquete de seis proyectos contra la delincuencia, que incluye medidas sobre reincidencia y trabajo obligatorio remunerado en las cárceles. Costa Rica registra cifras históricas de homicidios, cercanas a 900 por año, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 260 bandas criminales identificadas a mayo de 2026.
En paralelo, el Congreso aprobó a inicios de octubre otra ley que tratará la minería ilegal como crimen organizado, pendiente de la firma presidencial. Y el 13 de octubre, la Sala Tercera de la Corte Suprema propuso que los jueces evalúen los vínculos con bandas criminales al dictar prisión preventiva, una iniciativa que aún debe pasar por consultas antes de convertirse en proyecto de ley.
Relevancia regional
El endurecimiento penal en Costa Rica ocurre mientras varios países centroamericanos revisan sus estrategias contra el crimen organizado transnacional. La misma semana del dictamen, Fernández inauguró una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño y viajó a El Salvador para firmar un acuerdo de cooperación en seguridad.
