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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes 13 de octubre de 2026 que su Gobierno evalúa un plan de libertad anticipada y condicional que, según sus palabras, podría beneficiar a cerca del 50 % de los presos que colaboraron con las pandillas. La medida estaría sujeta a supervisión y a una revisión individual de cada caso. Por ahora es un plan anunciado, no una medida aprobada.
Qué dijo Bukele
El mandatario habló en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno, en San Salvador. Explicó que la propuesta no equivale a una absolución: las personas seguirían siendo consideradas culpables, pero podrían salir de prisión antes de tiempo, bajo condiciones y con monitoreo. Lo resumió con una frase: «es culpable, pero liberarlo condicionalmente».
Bukele planteó distinguir entre quienes ejercían el control de las pandillas y quienes, según su relato, se vieron obligados a colaborar mientras vivían bajo el dominio de esas estructuras. Añadió que, al evaluar cada caso, se tomarían en cuenta los años de violencia que vivió el país y las circunstancias en que cada persona se relacionó con las maras.
Lo que todavía no se sabe
El presidente no precisó:
- cuándo empezaría a aplicarse el plan;
- qué criterios exactos de elegibilidad se usarían;
- cuántas personas podrían beneficiarse en números absolutos;
- qué institución revisaría los casos ni cómo sería el monitoreo.
Conviene subrayar que el porcentaje mencionado se refiere a los presos considerados colaboradores de pandillas, no a toda la población penitenciaria del país.
El contexto: el régimen de excepción
El Salvador vive bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales y que, según cifras citadas por agencias internacionales, ha dejado al menos 93,162 detenidos acusados de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas.
El Gobierno sostiene que esa política redujo drásticamente la violencia. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en cambio, han denunciado detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y juicios masivos. En ese debate, el anuncio de Bukele introduce por primera vez la posibilidad de liberaciones a gran escala, aunque condicionadas.
Analistas consultados por medios regionales han señalado que una medida así exigiría mecanismos judiciales transparentes para revisar cada expediente.
Por qué importa en la región
El modelo de seguridad salvadoreño se ha convertido en referencia para otros gobiernos centroamericanos. Costa Rica, por ejemplo, inauguró en octubre una cárcel de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y endurece su legislación contra las bandas criminales, como contamos en la ley contra asociaciones criminales que llega al Plenario costarricense. Un cambio de enfoque en El Salvador hacia liberaciones supervisadas sería seguido de cerca en toda Centroamérica.
